Por Lucía Salinas - Clarin - Se trata de 565 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de Austral Construcciones en Río Gallegos y otras 100 en el resto de la provincia.
El parque automotor de Austral Construcciones será usado por Vialidad Nacional. Foto Juano Tesone.
Un nuevo revés judicial para Lázaro Báez. La Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión del juez Sebastián Casanello que otorgó la guarda judicial del parque automotor de Austral Construcciones SA, a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN). La defensa del empresario K, a cargo de Maximiliano Rusconi, había apelado dicha medida, sin éxito. Se trata de 114 camionetas y 280 máquinas para obras viales que se encuentran en el predio de la firma insignia de Báez, en el acceso principal a Río Gallegos, y otro conjunto de máquinas en campos y obradores. En su totalidad ascienden a 665 en toda la provincia. Desde Vialidad explicaron a Clarín cómo utilizarán las máquinas.
Es la primera vez que objetos embargados en una causa por lavado de dinero son reasignados para su utilización para "asegurar la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado". El juez Casanello designó como depositario judicial a la DNV de los rodados y equipos viales –propiedad de Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., dos de las principales constructoras de Báez, preso hace un año.
Parte del parque automotor de Austral Construcciones SA. Foto Juano Tesone.
Aunque Rusconi apeló esta medida, los jueces Eduardo Farah y Martín Iruzun consideraron que no sólo es importante asegurar las enormes sumas embargadas -en el caso del empresario K son 800 millones de pesos en la Ruta del Dinero K-, dinero sospechado de ser producto de un ilícito, sino también considerar que muchos de los bienes "pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional".
En consecuencia, se vio la necesidad de asegurar "la reparación del daño causado a la sociedad y al Estado" en caso de que se confirme los investigado en la causa: el lavado de activos por parte del principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz. En este punto, en la causa ya se consignó que desde 2005 a 2015 Lázaro Báez que recibió 52 contratos por 46.000 millones de pesos (a valores actuales), logró incrementar su patrimonio de manera sustancial: 2.547 millones de pesos en 418 propiedades.
En tal sentido, la Cámara Federal consignó que Argentina se comprometió internacionalmente "a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito", al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional. Y que a su vez, no se desconoce la existencia de "un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos".
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