Cuánto perdió el Banco Central por la maniobra con el dólar futuro

Por Fabio Ferrer -  fferrer@infobae.com
El Banco Central aun no logra recomponer reservas tras el pago de deuda.

Finalmente ocurrió lo que se esperaba, Cristina Elisabet Kirchner fue procesada por primera vez. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien hizo extensiva esa figura a otros 14 imputados por el delito de administración infiel.


Según establece el Código Penal incurre en este accionar ilícito "el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos."

En la imputación se indicó que el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. Esas obligaciones tenían fecha máxima de vencimiento el 30 de junio de 2016.

Por esta operatoria, la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos. La cifra exacta es $ 77.325.739.338,60.- Esta pérdidas fueron motivadas por los pagos que tuvo que hacer el Central en los mercados de ROFEX y MAE, por los contratos liquidados al 29 de febrero de este año y por los que quedan pendientes hasta el 30 de junio.

Según explica Bonadio en el auto de procesamiento, los imputados usando de manera impropia las atribuciones y competencias que tenían por sus cargos para poder justificar el volumen creciente de operaciones de venta de dólar futuro que venía realizando el BCRA que como se explica más arriba había llegado a 17 mil millones de dólares. Es así que en la sesión celebrada el 29 de septiembre de 2015 el Directorio del Central amplió el límite para actuar en el mercado de dólar futuro de 10 mil millones a 15 mil millones. No hubo razón económica alguna que lo justificara ni se publicitó la decisión adoptada.

Pero fueron por más. A menos de un mes de la sesión anterior -y sin esgrimir ninguna razón económica válida- el 27 de octubre del año pasado el Directorio del Banco Central amplió nuevamente el límite de las operaciones y lo llevó de 15 mil millones a 20 mil millones de dólares.

Al momento de celebrarse la reunión de Directorio del 29 de septiembre de 2015 todos los implicados en esta maniobra conocían los valores y condiciones en que se estaban celebrando los contratos de venta de dólar a futuro, es decir por debajo de los precios de mercado.

Por lo tanto -destaca Bonadio- ya que no existía ninguna razón económica para realizar las operaciones en ese período ni tampoco una razón valedera para extender la operatoria, la arbitrariedad de tamaña maniobra excedía la capacidad de decisión de los directivos del Banco Central. Y agrega que la maniobra no pudo concretarse sin contar con la decisión de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esa operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA.

La pena con la que se reprime este delito es de un mes a seis años de prisión. A partir de la notificación del procesamiento los imputados tienen tres días para apelarlo.

Para el embajador de China, las relaciones bilaterales "arrancaron con buen pie"

(Infobae.com) - Luego de los cortocircuitos iniciales tras la intención del presidente Mauricio Macri de revisar algunos acuerdos de infraestructura, y el hundimiento del barco pesquero, el gigante asiático tiene expectativa en "el repunte de la economía"


Mauricio Macri se reunió con su par chino Xi Jinping en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington

El embajador chino en la Argentina Yang Wanming dijo que cree que Argentina cumplirá con los acuerdos bilaterales firmados durante el kirchnerismo, ya que considera que eso generará "condiciones favorables para la ampliación y profundización de la cooperación en el futuro".

Luego de que el Gobierno de Mauricio Macri manifestara su intención revisar y acotar algunos entendimientos, en especial el que involucra la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, y tras el conflicto diplomático por el hundimiento de un buque de pesca chino, el embajador aseguró que las relaciones bilaterales "arrancaron con buen pie".

Yang dijo que China "está dispuesta a trabajar con la parte argentina para expandir y profundizar la cooperación en áreas de infraestructura, la nueva energía, el procesamiento de productos agropecuarios y el turismo".

Respecto de acuerdos firmados durante el kirchnerismo, el embajador dijo que "estamos convencidos de que el nuevo Gobierno argentino (...) evaluará de forma objetiva e integral los acuerdos ya firmados entre ambos países para cumplirlos, lo cual hará firme la confianza de las empresas y bancos de la parte china sobre el mercado argentino". "Abundan razones para creer que las relaciones entre China y Argentina lograrán un desarrollo más profundo, más estable y más integral en el nuevo período", agregó el diplomático.

Yang además valoró las "reformas y ajustes fundamentales" en materia socioeconómica implementados por la nueva administración, "a pesar de los desafíos que aparecerían a lo largo" del proceso de cambio. El embajador dijo que espera que las medidas permitan impulsar "el repunte de la economía argentina".

En relación a la actualidad económica, Yang dijo que "la parte china sigue de cerca a las nuevas políticas económicas y planes nacionales para el desarrollo que viene implementando el nuevo Gobierno argentino, y espera que estas medidas darán una influencia positiva en la activación del mercado exportador argentino, la atracción del financiamiento internacional y la estimulación económica".

"A pesar de los problemas o desafíos que aparecerían a lo largo de la reforma, tenemos la expectativa de que el Gobierno argentino sea capaz de enfrentarlos de manera apropiada, impulsando así la recuperación y el repunte de la economía argentina", explicó.

Yang además destacó el rol que cumplió China en el comienzo de la administración de Macri al recordad que durante la salida del cepo cambiario, "el Banco Popular de China aceptó el canje de los 20 mil millones de yuanes RMB que posee el Banco Central de Argentina por USD 3.100 millones en el marco del convenio de swap entre ambas naciones, dando un fuerte apoyo al despliegue sin contratiempos del levantamiento del cepo cambiario".

Por último, habló de los incidentes con pesqueros chinos en Chubut, y consideró que deben servir de "lección" para que ambas partes resuelvan "apropiadamente" situaciones similares en el futuro. El diplomático aseguró que el incidente fue superado por vía de las negociaciones y "no afectará la buena tendencia que tienen las relaciones bilaterales".

Agregó que "ambas partes ya resolvieron el problema" por vías de negociaciones y manifestó su convencimiento de que "este incidente no afectará la buena tendencia que tiene las relaciones bilaterales". "Espero que no vuelvan a repetirse incidentes similares", finalizó.

Las cinco razones que explican por qué la inflación sigue alta

Por Annabella Quiroga - Clarin.com
La inflación acumula 19,2% en el cuatrimestre. En los últimos 12 meses el índice de precios acumula un alza del 40%. El Gobierno se sigue mostrando optimista y remarca que la mejora es inminente. El dólar, las tarifas, el rojo fiscal, las expectativas y la puja distributiva condicionan la baja.


Esta semana se confirmó que la inflación de abril fue la más alta de los últimos 14 años. Pero el 6,5% de aumento que marcó el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires no hizo mella en el discurso optimista del Gobierno, que sigue machacando con que a partir del junio el índice bajará. Si bien la mayoría de los analistas opina que a mediano plazo el índice se aquietará, algunos economistas advierten que aún persisten problemas que obstaculizan el cumplimiento de esas promesas.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, repitió esta semana que su objetivo es llevar la inflación anual “en un plazo razonable” –en 2019– al 5%. Hoy, con un índice en torno al 35% anual según admite el Gobierno, los signos de desaceleración son pocos. El ministro Alfonso Prat-Gay se aferra a la idea de que el índice de abril fue motorizado por las tarifas. “Si excluimos esos aumentos, nos queda 2,5% de suba y los alimentos están por debajo de ese nivel”, dijo.

Desde el Banco Central apuntan que “el sesgo antiinflacionario de la política monetaria parece estar teniendo éxito en contener efectos de segunda vuelta del reacomodamiento de precios. Según el relevamiento que Latin American Consensus Forecasts realiza entre analistas especializados, se prevé un claro sendero descendente en la inflación mensual a partir de mayo de 2016”.

Contra el optimismo oficial, los analistas remarcan que sigue habiendo varios frentes abiertos de diversa intensidad, que aportan calor a la llama inflacionaria.

Tipo de cambio: si bien el dólar lleva varios meses quieto, el pico de $16 al que llegó durante el verano es uno de los motivos por los que en lo que va del año la inflación acumulada alcanzó el 19,2%, según el índice de la Ciudad. Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, marca como un error que el equipo económico no haya intervenido para evitar que la divisa se ubicara en ese nivel. Desde el Gobierno apuntan que pese a que la devaluación tocó el 60%, el traslado a precios fue acotado. Para Sturzenegger, “no hay que caer en la tentación de utilizar el tipo de cambio para estabilizar porque, tarde o temprano, se convierte en una trampa que no le permite a la economía acomodarse ante shocks externos”.

Tarifas: la eliminación de los subsidios y las subas en las boletas de servicios públicos en el ámbito metropolitano fueron, junto con la devaluación, los dos elementos que explicaron gran parte de la escalada inflacionaria. Cuando los consumidores aún no se habían recuperado del alza de hasta el 600% en las boletas, los precios treparon en los surtidores. “El aumento de los combustibles fue un balde de nafta en el fuego inflacionario”, apunta la consultora Empiria. “Las naftas ponen un piso alto de inflación en mayo. En el actual contexto de incertidumbre ‘los efectos de segunda ronda’ son elevados”.

Dominancia fiscal: para Tiscornia esta es la otra pata discutible de la estrategia oficial, en referencia al rol del Central como financiador del déficit público. “Si quisieran bajar realmente la inflación, tendrían que hacer un ajuste fiscal más grande para cortar de cuajo con la emisión monetaria. Pero esta claro que esto no se puede hacer, porque ya con el miniajuste que se hizo tenemos problemas. Imaginate lo que pasaría si quisieran eliminar el déficit”. Para salir de la dominancia fiscal que rigió durante el kirchnerismo, el macrismo quiere poner en marcha el esquema de metas de inflación (ver aparte). “Es necesario que el Tesoro ajuste su situación de financiamiento a la pauta que marca el Central”, apunta Tiscornia. Desde el IERAL, el instituto dependiente de la Fundación Mediterránea, esperan que “con la reducción del déficit y las nuevas fuentes de financiamiento, la dominancia fiscal se reduzca notablemente en el tiempo”. Para este año el Banco Central acordó un tope de transferencias de recursos al Tesoro equivalente a $160.000 millones. “Esto, junto con el hecho de no comprometerse a un nivel dado de tipo de cambio, le dieron a la autoridad monetaria la flexibilidad y la previsibilidad necesarias para enfocarse en el objetivo de bajar la inflación. El monto de transferencias acordado para 2016 para nada compromete los objetivos de la institución o su situación patrimonial. En términos reales esto implica una reducción del orden del 20% respecto de lo girado al fisco el año pasado por adelantos transitorios netos y utilidades”, dicen en el equipo de Sturzenegger.

Expectativas: durante la gestión kirchnerista, las estimaciones acerca de lo que ocurriría con los precios tuvieron un papel preponderante. En lo que va de esta administración, las expectativas del mercado se fueron acomodando, mientras que las del público siguen altamente sensibilizadas por los últimos aumentos. El último informe de la autoridad monetaria indica que para agosto la inflación esperada por el mercado es de 1,6%. Para Guido Sandleris, subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, “este ajuste de expectativas a partir de junio muestra la incipiente credibilidad que está teniendo el Central”. Según Eduardo Levy Yeyati, directivo del BICE, “que la inflación de agosto apenas reaccione al shock de abril es señal de credibilidad de la proyección del BCRA”.

Puja distributiva: el impacto social de la inflación es la principal señal de alarma que aparece en el horizonte. Se estima que el poder de compra del salario cayó 5% en el primer cuatrimestre. “El Gobierno peca de monetarismo a la hora de pensar que la dinámica de precios solo depende de los excesos en el mercado monetario. También inciden la coordinación de expectativas, los cambios de precios relativos, la inflación de costos, las regulaciones y la puja distributiva. No se avanzó en un pacto social que garantice un acompañamiento de las empresas y los sindicatos en esta transición. Se minimizó el impacto de la devaluación en la estructura de costos, se avanzó rápidamente en la quita de subsidios y se permitió que las empresas ajusten precios sin ningún tipo de contención”, señala la consultora Analytica. A partir de junio, las paritarias podrían incidir en la inflación. “Algo de traslado a precios va a haber”, apunta Tiscornia. “Esto abona la hipótesis de que la baja será gradual. Por eso pensamos que la inflación va a estar bien arriba de 1% hasta fin de año. El punto débil es la tolerancia social”.

Desde Analytica advierten que las elevadas tasas de interés están ahogando la actividad productiva. “La inflación va a bajar pero de la peor manera, con un fuerte ajuste del consumo y la inversión. Junio será un mes clave pues si la inflación no da señales contundentes de desaceleración, todas las miradas estarán puestas en el Central”.

Más a tono con la mirada de Sturzenegger, Tiscornia considera que la inflación “naturalmente va a ir bajando porque la devaluación y las tarifas ya se incorporaron”. Y estima que sobre esto se sumarían otros efectos positivos. “La punta de lanza será la obra pública, que se había frenado con el kirchnerismo y el Gobierno actual está retomando. Con las paritarias la gente recompondrá algo del poder adquisitivo –no todo–. Estamos en el peor momento del consumo y eso debería poder ir mejorando”.

Desplazan a la empresa a cargo del Boletín Oficial

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El Gobierno revocó el convenio con una sociedad cercana a Zannini; ahora lo editará el Colegio de Escribanos


Los contratos sospechosos de la herencia siguen generando tensiones. El gobierno de Mauricio Macri revocó hace un mes y medio el controvertido convenio con una empresa vinculada al ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, que cobró 161,5 millones de pesos en 2015 por administrar el Boletín Oficial (BO). El Gobierno cambiará de proveedor y reducirá el contrato a 13 millones en 2016, un costo doce veces menor que el pautado por el kirchnerismo.

El actual secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, firmó un nuevo convenio con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que editará el Boletín con el mismo personal y no lo venderá por suscripción: será gratuito y de acceso libre por Internet. Los usuarios ya pueden acceder por la Web a la edición impresa y a las "ediciones anteriores", para lo cual antes había que abonar una suscripción. 

La empresa desplazada es Administradora de Conocimientos SA (Adconsa), atribuida a Gustavo Benvenuto, amigo personal del ex número dos de Zannini, el ex subsecretario técnico Carlos Liuzzi.

Bajo la controvertida figura del "ente cooperador" del Estado, Adconsa editó y digitalizó el BO y administró el Registro de Dominios de Internet, denominado NIC.ar (Network Information Center Argentina), que gestionó los tres millones de sitios web del país, un negocio estratégico.

También Adconsa fue proveedor de soluciones informáticas para otras áreas del Estado en los años del kirchnerismo.

El sospechoso contrato con Adconsa se originó el 5 de octubre de 2005. El abogado Ricardo Monner Sans denunció una posible sobrefacturación y la causa recayó en el juez federal Luis Rodríguez.

Liuzzi era el hombre de mayor confianza de Zannini y salió a la luz por haber nombrado a unos 30 familiares y amigos en la secretaría y por haber ordenado al ex juez federal Norberto Oyarbide que frenara un allanamiento a la financiera Propyme en 2014, por lo cual también fue denunciado judicialmente, además de haber sido acusado de enriquecimiento ilícito.

En la resolución número 67 del 30 de marzo último, a la que pudo acceder LA NACION, Clusellas, uno de los abogados más cercanos a Macri, ordenó la revocación del convenio de cooperación técnica y financiera de 2005 por "razones de ilegitimidad". Además, dispuso la "suspensión de todo pago a favor de la firma". De hecho, nunca se le pagó el servicio prestado en la segunda quincena de diciembre de 2015.

Por otra parte, Clusellas intimó a Adconsa a que "transfiera los fondos existentes en las cuentas correspondientes al Fondo de Cooperación Técnica" a una cuenta que determinó la secretaría, y lo instó a que lo hiciera "en el plazo de 24 horas" desde la notificación.

En la misma norma, Clusellas ordenó un sumario administrativo para "determinar las responsabilidades disciplinarias y/o patrimoniales que resulten por los hechos que dieron lugar a la suscripción en forma irregular del convenio de cooperación" que se revocó. También dispuso que se "efectúe la denuncia penal que al caso corresponda". Podría aportar así elementos a la causa que instruye Luis Rodríguez.

Según informó la secretaría, en 2015 Adconsa percibió del kirchnerismo 92,5 millones de pesos por "administración", 9,5 millones por "honorarios" y 59,4 millones por "soportes": 161,5 millones por todo concepto. Para reemplazar a este costoso proveedor, Clusellas firmó un convenio con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que hará el mismo trabajo por 13 millones de pesos, doce veces menos que Adconsa.

La semana última, luego de tensas discusiones con los funcionarios de Clusellas, la sociedad de Benvenuto terminó de transferir el personal del ente cooperador al Colegio de Escribanos. No habrá despidos ni incorporación de personal. Las suscripciones de la edición en papel del Boletín Oficial a los clientes privados e institucionales continuarán hasta fin de año, pero las tiradas en papel se irán reduciendo. El objetivo consiste en que los usuarios pasen a consumir el BO sólo mediante el portal de Internet www.boletinoficial.gob.ar para reducir costos.

En la versión online se dieron por finalizadas las suscripciones desde el 4 de marzo. Quienes tengan reservas hasta fechas posteriores tendrán un crédito a favor y les será devuelto el dinero. Las ediciones anteriores se podrán consultar gratuitamente desde la página, una herramienta que hasta esta reforma tenía un costo elevado.

De la mano del polémico Liuzzi

Carlos Liuzzi - Ex número dos de Zannini - Liuzzi es amigo de Gustavo Benvenuto, a quien se atribuye la empresa Adconsa, cuyo convenio generó sospechas por sobreprecios

Hombre de confianza de Zannini, Liuzzi es conocido por haber nombrado a 30 familiares en la Secretaría Legal y Técnica y por haber ordenado a Oyarbide que frenara un allanamiento

Deberán declarar sus bienes todos los gendarmes, prefectos y policías

Por Daniel Gallo - LA NACION
La resolución de la ministra Bullrich alcanzaráa los 115.263 efectivos de las fuerzas federales; los de mayorrango tendrán que entregarlas a la Oficina Anticorrupción

Todos los integrantes de las fuerzas de seguridad deberán presentar obligatoriamente, en un plazo máximo de 90 días, sus declaraciones juradas de bienes. El Ministerio de Seguridad de la Nación preparó una resolución para que los 115.263 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pongan por primera vez sus posesiones bajo análisis de las autoridades.

En la medida firmada por la ministra Patricia Bullrich se establece como necesaria la búsqueda de "transparencia institucional" a partir del sistema de presentación de las declaraciones juradas. La información requerida deberá incluir, además, los bienes de los cónyuges e hijos no emancipados.

Esos datos quedarán bajo examen de la Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas de Seguridad y deberán ser renovados cada cinco años, o cuando el agente sea propuesto para un ascenso.

Bullrich decidió, además, reglamentar el nivel de jerarquías de quienes deberán presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Hasta ahora, esa información era solicitada sólo a los poseedores de los grados máximos en cada fuerza. Con la nueva resolución del Ministerio de Seguridad, la obligación alcanzará al menos a las cuatro primeras jerarquías.

Así, deberán entregar a la OA sus detalles de bienes todos los policías federales con rango de comisario general, comisario mayor, comisario inspector y comisario; también, los subcomisarios que tengan funciones de comando. En la Gendarmería serán requeridas a los comandantes generales, comandantes mayores, comandantes principales y comandantes; en la Prefectura tendrán esa obligación los prefectos generales, prefectos mayores, prefectos principales y prefectos, en tanto que en la PSA serán exigidas las declaraciones de comisarios generales, comisarios mayores, inspectores y subinspectores.

El detalle de propiedades, vehículos y fondos personales de los oficiales superiores será enviado a la Oficina Anticorrupción. En cambio, el resto de los miembros de las cuatro fuerzas de seguridad deberán poner sus declaraciones juradas a disposición de sus mandos, quienes deberán tenerlas disponibles a solicitud del Ministerio de Seguridad.

Antecedente bonaerense

En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense tomó la decisión de exigir la declaración jurada de bienes a los oficiales superiores de la policía provincial. La determinación de Bullrich irá aún más allá, ya que reclamará el detalle de propiedades a todos los integrantes de las cuatro fuerzas federales, incluyendo a sus familiares directos. "Las declaraciones juradas constituyen uno de los sistemas más utilizados de prevención y control de la corrupción, y propenden a la transparencia de la función pública", es uno de los argumentos centrales de la resolución ministerial.

La observación patrimonial se extenderá a los aspirantes a ingresar en las fuerzas federales de seguridad. En el Ministerio de Seguridad reconocen como positiva la norma interna de la Policía Federal que desde 1983 exige la declaración jurada de bienes a quienes ingresan en su institución, aunque esa primera inspección de bienes no tiene luego continuidad hasta que se llega a los rangos superiores, lo que en general ocurre luego de treinta años de carrera en la fuerza.

Por eso, en la nueva resolución quedó determinado que el período de vigencia máximo de las declaraciones será de cinco años.

La solicitud de declaraciones juradas a los empleados del Estado es algo cotidiano en todas las dependencias y se debe cumplir con una renovación anual. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no estaban hasta ahora incluidas en esos pedidos y con esas características. "El almacenamiento de las declaraciones juradas permitirá una normativa uniforme para alcanzar los máximos niveles de transparencia y control de la corrupción", se señaló como idea central en la iniciativa.

La intención de Bullrich es tener a mano cualquier información sobre desvíos patrimoniales de los agentes a su cargo, con posibilidad de realizar los correspondientes análisis en las unidades de auditoría interna del Ministerio de Seguridad sin tener que depender de las investigaciones que pudiera realizar la Oficina Anticorrupción.

Si bien en las fuerzas de seguridad federales no hubo casos judicializados de corrupción en sus cúpulas, en los últimos tres años cayeron al menos las jefaturas policiales de Santa Fe, Córdoba y Formosa por casos vinculados con negocios ilícitos, especialmente a partir de la penetración del narcotráfico en diferentes niveles de la vida social argentina.

En ese sentido, sí se dieron casos de participación directa de uniformados federales con rangos menores en bandas delictivas. Precisamente como una forma de evitar ese riesgo o de detectar anticipadamente potenciales casos de corrupción es que el Ministerio de Seguridad diseñó y estableció la decisión de exigir las declaraciones juradas a la totalidad de los uniformados.

Del editor: qué significa. El análisis de las posesiones de los uniformados permitirá prevenir casos de corrupción y, también, podría revelar enriquecimientos precedentes.

Boudou falseó facturas para justificar viáticos

Por Hugo Alconada Mon, Luisa Corradini - LA NACION
Presentó recibos apócrifos de gastos de hotel en París y coberturas de TV


Amado Boudou. Foto: Archivo

PARÍS.- La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20.

El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país y responsable del dinero de los contribuyentes, según verificó LA NACION en esta capital y en Buenos Aires.

Los ejemplos se acumulan. Dos meses antes, Boudou también había pasado por esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel, entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010, para una reunión del Club de París. La factura que presentó en el Palacio de Hacienda ascendió a 19.937 euros.

Son casi 340.000 pesos al tipo de cambio vigente hoy. Y fue -según consta en el texto- pagada en efectivo, una práctica prohibida en Francia cuando se trata de sumas importantes. Esa factura N° 88.636, de diciembre de 2010, lleva curiosamente un número posterior a la de febrero de 2011. También es falsa.

El Bel Ami es un establecimiento cinco estrellas ubicado en el corazón del Barrio Latino, a escasos pasos del célebre Café de Flore, lugar donde solían reunirse las grandes figuras del existencialismo francés a mediados del siglo XX. Moderno, cómodo, discreto y acogedor, el hotel está lejos de responder al nivel de un "palace", donde el precio de las habitaciones supera fácilmente los 3000 euros. En el Bel Ami, la suite más cara cuesta 1130 euros por día. Y no era ésa la que solía ocupar el entonces ministro.

"Todo lo que figura en estas facturas es absolutamente inverosímil en un hotel de cinco estrellas como el nuestro: el pago en efectivo, la ausencia de cantidad de habitaciones ocupadas, la inexistencia de IVA (TVA, según sus siglas en francés) en una de ellas, la omisión del impuesto a la estadía (taxe de séjour) en otro de los casos, la inclusión de los vehículos con chofer que jamás figuran de ese modo y hasta la forma absurda de listar ese servicio, el cual denominan «auto» en vez de «location de voiture»", constató con asombro uno de los principales responsables del establecimiento en declaraciones a LA NACION.

Pero todos esos errores, en verdad, tienen relativa importancia. La realidad es que "esas facturas simplemente no existen", resumió la misma fuente, después de controlar los archivos informáticos del hotel. Con su autorización, uno de sus empleados mostró a LA NACION en la pantalla de la recepción que ambos números de factura corresponden a otros huéspedes. "Tiene que haber un error.

El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros", concluyó consternado. Durante la investigación, y para comparar en forma independiente el sistema de facturación del hotel con los documentos presentados por Boudou, LA NACION también se alojó una noche en el Bel Ami.


Las dos facturas que presentó el ex ministro comparten algo más. Fueron refrendadas con su firma por el entonces "jefe de Secretaría Privada" de Boudou, Eduardo Romano, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. Conocido en Mar del Plata como "Cachi", es uno de los mejores amigos de "Aimé" y luego pasó a integrar la planta del Senado con la categoría 1, la más alta y mejor paga del escalafón.

Ambos, Boudou y Romano, acumulan antecedentes judiciales. El ex vicepresidente se encuentra procesado por su rol en el caso Ciccone, se encamina al juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto y en diciembre pasado afrontó un pedido de indagatoria por la presunta adulteración de su DNI.

"Cachi" Romano, por su parte, también debió declarar ante la Justicia por el caso Ciccone, pero para explicar dos llamadas que recibió de un teléfono asignado a Alejandro Vandenbroele y porque su tarjeta de negocios fue encontrada en la planta de Ciccone Calcográfica durante un allanamiento. Antes, en junio de 2012, fue indagado en Mar del Plata por el presunto cobro de subsidios fiscales irregulares.

Una y otra vez, Romano fue el encargado de rendir las cuentas de los viajes de Boudou como ministro de Economía y, después, como vicepresidente de la Nación. Y las irregularidades se acumularon, según reconstruyó LA NACION.

Otras facturas de otros viajes de Boudou también resultan llamativas. Es el caso de, por ejemplo, la que emitió la firma TVT (Televisión Turística de América SA) el 28 de septiembre de 2010 por la "cobertura fílmica de la participación del señor ministro de Economía de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York".

Refrendada, como las anteriores, por "Cachi" Romano, la factura que emitió TVT por seguir a Boudou un par de días durante su viaje por Nueva York ascendió a 5000 dólares (unos 60.000 pesos al cambio actual). Pero lo hizo a pesar de que el ministro integraba la comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cobertura a cargo de la productora La Corte.

No sólo eso. La firma TVT que facturó por cubrirlo en Nueva York es de Cancún, México. La factura 0524 se redactó a mano. Y aparecen dos números de teléfono que hoy no funcionan, como también una página de Internet que tampoco se encuentra activa. La productora es hoy, en sí, inhallable.

Baja $ 2800 millones el gasto en el Estado por los despidos

Por Laura Serra LA NACION
Ese monto representaba el pago de casi 11.000 contratos en el Ejecutivo; se redistribuirán partidas

La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner. Foto: Reuters / Enrique Marcarian

Culminado el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó un total de 10.921 cesantías de empleados en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Esta cifra es el 5 por ciento de la dotación correspondiente a ese sector y, según anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.

¿Qué impacto tiene este ahorro en el presupuesto? La respuesta depende del prisma con que se mire. Según Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el efecto presupuestario es relativo si se considera que el total de personas despedidas, casi 11.000, equivale a 1,4% de la dotación total que heredó Macri de la gestión kirchnerista, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.

Sin embargo, para Ibarra, el ahorro de $ 2800 millones es muy significativo si se lo analiza en otros términos. Sólo a manera de ejemplo, el hospital Posadas, uno de los más importantes del país, insume un gasto anual de 2178 millones, según la ley de presupuesto 2016. El programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, otros 1641 millones. El presupuesto anual de la Corte Suprema, otro caso, es de poco más de 2400 millones de pesos. Es otra perspectiva para medir el mismo impacto presupuestario.

Según precisó el ministro Ibarra a LA NACION, las cesantías afectaron sólo a trabajadores contratados de manera temporaria y que no prestaban funciones (conocidos como "ñoquis"), o bien "no respondían a necesidades de servicio" (su tarea era más bien de militancia política). Remarcó que sólo se aplicaron en el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plantel de 220.000 agentes.

"Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía -remarcó Ibarra a LA NACION-. No queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios."

El funcionario confirmó que ya no se producirán más cesantías dentro de la administración pública central. El proceso de revisión y de depuración del personal había comenzado en diciembre y se instrumentó por medio del decreto 245/2015, por el cual el presidente Macri instruyó a todos los funcionarios a revisar las contrataciones que se efectuaron en los últimos tres años en los ministerios, empresas públicas y organismos estatales descentralizados.

El panorama con que se encontró la flamante gestión fue impactante. Cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, el sector público nacional (incluidos los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, empresas públicas, universidades y otros entes) sumaba 778.798 agentes, 61% más que en 2003. Así lo indica el informe "GPS del Estado", que la semana pasada presentaron en forma conjunta ASAP y Cippec.

El informe da cuenta, además, de que 30% de los empleados en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratación, un porcentaje que se mantuvo estable desde 2003; en los organismos descentralizados, ese porcentaje de precarización llega a 45%.

"De los 70.000 contratos que recibimos, hemos dado de baja casi 11.000", explicó Ibarra. El funcionario señaló que, pese a lo abultado de la dotación, no habrá despidos en la planta permanente del Estado. "Nuestra intención es capacitar y jerarquizar a los empleados de planta permanente", indicó. Y agregó que a medida que avance el proceso de ordenamiento del personal contratado se ordenarán pases a planta permanente "en los casos que se justifiquen".

"Hay personas contratadas con más de 10 años de antigüedad. Previo concurso, esta gente -unos 2500 empleados- podría pasar a planta permanente", anticipó.

La oposición mantiene una mirada crítica sobre los despidos producidos en el Estado. En un informe, el economista y diputado Claudio Lozano (MC) señaló que, mientras el Gobierno ejecutaba cesantías entre los contratados, amplió las estructuras del Estado con más cargos jerarquizados. "En efecto, se observa un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196)", advirtió Lozano en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

"Esto pone en duda el discurso del gobierno nacional centrado en la necesidad de «despolitizar» la administración estatal para un adecuado funcionamiento -agregó Lozano-. Como se demuestra en este trabajo, el nuevo perfil de la estructura burocrática se caracteriza por el incremento de los cargos jerárquicos, lo que implica entonces una mayor politización."

En medio de la discusión sobre la polémica ley antidespidos en el Congreso, varios fueron los legisladores opositores que plantean sus críticas por las cesantías en el Estado.

"Hoy, todos los compañeros trabajadores tienen miedo de ser despedidos, y tienen una razón para eso: el mal ejemplo que dio el Estado al decir «cuando me sobran trabajadores, los despido»", enfatizó el diputado Héctor Daer, uno de los "rebeldes" del Frente Renovador en la frustrada sesión del miércoles pasado en la Cámara baja.

En el Gobierno rechazan este punto de vista. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló, por caso, que en el último trimestre el gobierno kirchnerista nombró a más de 10.200 personas en el Estado, en plena campaña electoral, con evidentes fines políticos. Aquéllos fueron los contratos revisados. "Nuestra intención no es achicar el Estado, pero tampoco convalidar situaciones no deseadas", sentenció Ibarra.

Las cifras del proceso de "revisión"

1,4% Del total de empleados - El Gobierno cesanteó a casi 11.000 personas, que representan el 1,4% de los 778.798 empleados públicos a nivel nacional

La herencia - Cuando la presidenta Cristina Kirchner dejó el poder, también dejó un 61% más de empleados públicos que en 2003, según un informe presentado por ASAP y Cippec. El 30% de esos empleados están contratados

220.000 En el Poder Ejecutivo - El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que los despidos que se aplicaron en la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios sólo incluyeron a los empleados contratados que no prestaban funciones o cuyas tareas se limitaban a la militancia

Ponen reparos la construcción de la autopista ribereña

Por Laura Rocha - LA NACION (Extractado)
Cuestionan la calidad del suelo de Puerto Madero, que fue rellenado, y la fragilidad de conductos cloacales y pluviales; la Ciudad indicó que el proyecto es viable

El eje por donde pasaría la autopista ribereña, en Puerto Madero. Foto: Maxie Amena

Todos están de acuerdo en que el norte y el sur del conurbano bonaerense deben tener una conexión que no implique cruzar la ciudad de Buenos Aires. La autopista ribereña es una deuda de más de 40 años que la actual administración prometió hacer realidad con un proyecto mixto, de vías rápidas para autos particulares, y un túnel y una trinchera para camiones y ómnibus de 6,7 kilómetros (ver aparte). Se trata de la obra de infraestructura más importante del área metropolitana.

Sin embargo, algunos expertos advierten sobre los riesgos que pueden representar los trabajos, mientras que los vecinos de Puerto Madero se preguntan cómo los afectará. En el gobierno porteño sostienen que cada movimiento será evaluado al realizar la obra, que costarán 650 millones de dólares.

Carlos Lebrero, arquitecto director de la Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana de la UBA, indicó que "el proyecto se ve agradable, pero hay algunas cuestiones que inquietan: la calidad de suelos de ese sector, que es un relleno ganado al río; la conexión cloacal y pluvial unificada en el área central y su descarga en el dique de Puerto Nuevo; va por tres conductos que se denomina el triducto, hecho en ladrillo con un alto grado de fragilidad. Y me pregunto, además, dónde se va a disponer todo lo que se excave, porque hay que atender que se trata de tierra contaminada".

El Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia, respondió que el proyecto del Paseo del Bajo surgió de haber analizado 27 alternativas que se presentaron desde 1965. "De esos proyectos se hizo una preselección de cinco, y uno resultó como el más beneficioso. Se unirá el Sur y el Norte a través de una autopista para el tránsito pesado entre las avenidas Huergo y Moreau de Justo", dijo Moccia.

Respecto del triducto y biducto, la semana pasada el gobierno introdujo un cambio en el proyecto. "Para reducir costos y tiempos en este tramo de la obra en la zona de Dársena Norte, se decidió pasar el eje vial de camiones y buses por sobre el triducto y biducto, generando un falso túnel que permitirá dejar bajo una nueva cubierta el Paseo del Bajo", indicó Moccia. La tierra que se quite se usará para rellenar la Dársena F del puerto.

Inés Schmidt, docente e investigadora de la UBA, realizó un análisis del plan junto a su colega Julián Cheula. Según ellos, debería haber una discusión más profunda. "El proyecto denominado Paseo del Bajo cumple una premisa del ordenamiento del tránsito, la de separar la circulación del transporte pesado de la circulación de las personas. Es un proyecto vial ligado a un proyecto inmobiliario, teniendo en cuenta que se mencionan 9 hectáreas de tierras ferroviarias que cambiarían su uso. Esto merece un planteo más amplio y su discusión", sostuvieron ambos.

"En el área, se localizan numerosos equipamientos (estacionamientos, la Comisaría Nº 22, el Edificio Guardacostas, el ITBA y las terminales de combis). A menos que se prevea la relocalización total o parcial, la presencia de estos edificios limita las posibilidades de crear nuevos parques. La traza del proyecto se superpone en algunos sectores con una línea ferroviaria que puede ser utilizada para la vinculación de ramales Norte-Sur; es necesario plantear el interrogante: ¿este proyecto implica abandonar la posibilidad de interconexión ferroviaria?", se preguntaron los especialistas.

Moccia asegura que no. "Ni el edificio de la Prefectura, ni el ITBA, ni la estación de combis, ni todos los estacionamientos que se encuentran en la zona van a ser afectados por el proyecto, y únicamente se requerirán algunas relocalizaciones menores hacia el Sur. Los parques serán creados a lo largo de la traza sobre la autopista de tránsito pesado, y en forma de parques lineales al costado de las avenidas Huergo-Madero y Moreau de Justo. La vía será relocalizada permaneciendo en todo momento operativa. La obra no afectará el funcionamiento de esta línea ferroviaria", dice el funcionario.

El urbanista del Instituto por la Ciudad en Movimiento, Andrés Borthagaray, observa la gran circulación de camiones (unos 10.000 por día) que se dirigen al puerto porteño.

"El Metrobus de la avenida 9 de Julio fue una opción mucho mejor -y mucho más económica - que los túneles viales. Terminó siendo una opción superadora en cuanto a lo social y al medioambiente. Si queda una objeción de la calidad urbana se puede corregir. La inversión aquí es muy alta y compite con prioridades en otras áreas de gobierno. Es clave el acceso del ferrocarril y la articulación con una política portuaria, como en el caso de Rotterdam", ejemplificó Borthagaray.

Según los cálculos oficiales, en julio próximo se abrirá la licitación del Paseo del Bajo, y la adjudicación está prevista para noviembre. Su inauguración está prevista para el primer semestre de 2019.

Se reanuda el ferrocarril Belgrano Cargas entre Salta y Chile

(Casa Rosada) - De esta forma mejorará la competividad de productos argentinos que podrán exportarse a través del puerto chileno de Antofagasta.

El Ministerio de Transporte de la Nación informó que este miércoles se reactivará el tramo ferroviario del ramal Belgrano Cargas que une a la provincia de Salta con el puerto de aguas profundas de Antofagasta, en Chile, lo que permitirá mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas que salen hacia el Océano Pacífico.

Luego de ocho años, la reanudación fue posible gracias a un acuerdo que firmaron la empresa argentina Belgrano Cargas y Logística, y la chilena Ferronor,  indicó la cartera que conduce el ministro Guillermo Dietrich.

Como parte del acuerdo, Ferronor se comprometió a aportar el material tractivo y la conducción. El ramal que se reactivará es el C14 del Ferrocarril General Belgrano, que atraviesa la provincia de Salta y que facilitará la salida de las  exportaciones argentinas hacia centros industriales chilenos  y hacia un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

El primer envío consistirá en 500 toneladas de cal y partirá este miércoles desde San Antonio de los Cobres en Salta, cruzará la frontera a través del paso de Socompa y tendrá como destino final la Minera Escondida cercana a la estación Augusta Victoria, del lado chileno.

La reactivación de este ramal es determinante para la industria minera argentina, principalmente para la producción de las regiones norte y centro del país.

Macri le echo el ojo a Rosario Norte

La cartera que dirige Guillermo Dietrich quiere reforzar el servicio de pasajeros de Rosario a Buenos Aires con siete frecuencias diarias. La incógnita que subsiste es qué ramal se utilizará, y qué tienen pensado para Apeadero Sur.

Una visita inesperada a la Secretaría de Planeamiento municipal hace pensar en el Palacio de los Leones sobre el rumbo que el gobierno de Mauricio Macri pretende en materia ferroviaria, al menos en lo que a Rosario concierne. Una comitiva de Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria estatal en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, entrevistó al titular de Planeamiento, Pablo Abalos, para requerir la devolución de la Estación Rosario Norte, en cuyas oficinas funcionan la Secretaría de Cultura y la oficina local del Registro Nacional de las Personas.

Los funcionarios afirmaron que la cartera que conduce Guillermo Dietrich proyecta reforzar el servicio de pasajeros entre Buenos Aires y Rosario con siete frecuencias diarias. Actualmente, hasta esos andenes del barrio Pichincha llegan tres trenes por semana con rumbo a Retiro, otros dos en dirección al norte, con destino a Tucumán, y otro más con destino oeste, a Córdoba. Corresponden a la ex concesionaria privada Ferrocentral, que la Nación tomó con la creación el año pasado de la sociedad estatal Sofse.

Según le transmitió ayer Abalos a la intendenta Mónica Fein, el propósito declamado es garantizar hasta siete servicios diarios entre Retiro y Rosario Norte, aunque no quedó claro aún por dónde: está el ramal histórico de la línea del ferrocarril Mitre, y el nuevo que se inauguró en julio del año pasado y que llega hasta la estación Rosario Sur, de San Martín y Batlle y Ordóñez. Una de las posibilidades es que la traza sea el nuevo ramal, pero que use la conexión con la línea Mitre para entrar a la ciudad por el oeste y arribar así a Rosario Norte, tal el objetivo original de la Municipalidad.

Si no es así, y los nuevos servicios utilizan la línea Mitre -compartida hoy por la concesionaria privada de cargas Nuevo Central Argentino- quedaría relegado el ramal nuevo, donde todavía está pendiente la terminación de una de las dos vías que componen la traza, y el recambio de durmientes de hormigón que se averiaron en estos meses de uso(?????)

El titular de Planeamiento les pidió a los enviados del ministro Guillermo Dietrich precisiones acerca de esos interrogantes. “Primero, respondí que formalicen ese pedido verbal por escrito y dirigido a la intendenta”, indicó Abalos a Rosario/12.

El funcionario consideró que la iniciativa nacional, en caso de prosperar, no se realizará en lo inmediato. Y al preguntarle si incidirá en el futuro del ramal Rosario Sur-Retiro, o en el proyecto de terminación de avenida de la Costa, descartó: “Entendemos que eso, si es que lo concretan, no afectará ni la construcción de la doble traza en avenida de la Costa y que Rosario Sur se mantendrá. Sí quizás haya que pensar en las complicaciones que siete servicios diarios pueda traer al tránsito en el Cruce Alberdi, por ejemplo”, vislumbró.

Mientras tanto, en el municipio empezaron a pensar qué hacer si, en efecto, deban liberar el edificio y sus estructuras ferroviarias que mantiene bajo custodia por un convenio con la Nación de hace algunos años. (Pagina12)

Se incorporó otra formación Nagoya 5000 en la Linea C de Subtes

En la línea C del Subte ya se encuentra circulando la formación Q Nagoya 5000.


Estos coches fueron adquiridos al Metro Municipal de esa ciudad japonesa de Nagoya en un total de 30 unidades, con los cuales ya se encuentran circulando cuatro formaciones de seis coches cada una, identificadas con las letras, N, O, P y Q, restando una quinta formación próxima a incorporarse.

Antes de su traslado a Argentina, los coches fueron renovados en la planta de Osaka Sharyo Kogyo, donde se les renovaron sus sistemas eléctricos y de frenado, para poder operar con pantógrafos y con 1500Vcc, en lugar de tercer riel y 600vcc originales. Los mismos vienen a reforzar el servicio de la Línea C, que permitirá en un futuro cercano poder cumplir con la premisa de brindar un viaje más cómodo para el pasajero, y mejorando la operatividad de la frecuencia, la que llegará a los tres minutos entre trenes. Agencia Rieles

Modernización del radar AN-TPS-43

Por el Ministro de Defensa Julio César Martinez
Con la modernización del radar AN-TPS-43 desplegado en la ciudad Chaqueña de Roque Saenz Peña, que fue actualizado por la empresa INVAP y el despliegue de nuevos sistemas en el resto del país, estamos cumpliendo con una tarea fundamental: el control del espacio aéreo argentino. Esto tiene una implicancia directa en la lucha contra el narcotráfico ya que una parte de la droga ingresaba por aire.

Digo ingresaba porque en los últimos meses se ha reducido abruptamente la cantidad de vuelos ilegales. Las leyes son claras en esto, y la misión de las Fuerzas Armadas son las de dar apoyo logístico a las fuerzas federales, encargadas de la lucha contra este delito. Este trabajo en equipo se está cumpliendo de la mejor manera, ya que estamos trabajando también con gobernadores e intendentes. El Presidente asumió un compromiso desde el primer día de su mandato en relación a este tema y ya estamos viendo resultados.

El AN/TPS-43 es un radar de tres dimensiones (3D azimut, distancia y altura) del tipo móvil producido en Estados Unidos originalmente por Westinghouse Defense and Electronic Division, y posteriormente comprado por Northrop-Grumman. Esta empresa completó su desarrollo en 1963 y lo puso en servicio en Estasos Unidos en 1968. Este radar fue desplazado por la Fuerza Aérea Argentina a Puerto Argentino/Stanley durante la guerra de las Malvinas en 1982 y sobrevivió a dos ataques del Reino Unido con misiles antiradar AGM-45 Shrike el 31 de mayo y el 3 de junio.

Gendarmeria decomisó casi una tonelada de marihuana en Corrientes

(Ministerio de Seguridad) - La Gendarmería Nacional Argentina ,logró incautar 994,330 kilogramos de marihuana en un importante operativo desplegado en la localidad de Itatí, provincia de Corrientes.

Los Gendarmes estaban patrullando la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.097, cuando identificaron una camioneta estacionada en las proximidades de la entrada del campo “Los Búfalos”.

El ocupante, al divisar a las fuerzas, se dio a la fuga internándose en un monte. Al proceder a requisar el vehículo, se hallaron 34 bultos que contenían 994,330 kilogramos de marihuana.

No vamos a parar. Vamos contra todo y contra todos los involucrados en el narcotráfico!